El interés superior del niño y las reformas procesales en familia
Los procesos de alimentos y tenencia representan una de las materias de mayor sensibilidad en el ordenamiento jurídico peruano. La reciente consolidación de la Ley N° 31590 ha establecido como principio preferente la tenencia compartida, buscando que ambos progenitores gocen de igual tiempo y corresponsabilidad en el desarrollo de los hijos menores de edad.
1. ¿Cómo se determina el monto de la pensión de alimentos?
El Código Civil peruano (artículo 481) establece que los alimentos se regulan en proporción a dos variables fundamentales:
- Las necesidades reales de quien los pide: Alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud física y psicológica, recreación y gastos académicos universitarios hasta los 28 años en caso de estudios satisfactorios.
- Las posibilidades económicas de quien debe darlos: Ingresos formales acreditados en boleta o RUC, así como signos exteriores de riqueza y capacidad productiva estimada por el juez.
Por disposición de la ley peruana, la pensión puede fijarse en una suma líquida mensual (indexada periódicamente) o en un porcentaje de los ingresos brutos o netos del obligado, con un límite legal máximo inembargable del 60% del total de sus ingresos computables.
2. La Tenencia Compartida y sus presupuestos
La Ley N° 31590 modificó el Código de los Niños y Adolescentes disponiendo que el juez debe priorizar la tenencia compartida, salvo que resulte perjudicial para el menor (violencia física o psicológica acreditada). Esto implica alternancia en los días de convivencia, distribución equitativa de vacaciones y toma conjunta de decisiones escolares y médicas.
«La tenencia compartida no extingue automáticamente la obligación alimentaria. Si existe una brecha económica considerable entre ambos progenitores, quien perciba mayores ingresos continuará aportando una pensión compensatoria proporcional para mantener el estándar de vida del menor.»
3. ¿Qué hacer ante el incumplimiento reiterado?
Si el obligado alimentario adeuda más de 3 cuotas sucesivas o alternadas, el juzgado procede a:
- Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Poder Judicial, reportado de oficio a las centrales de riesgo (Infocorp) y con impedimento para contratar con el Estado o salir del país.
- Remisión de copias al Ministerio Público para la investigación por Omisión a la Asistencia Familiar en tutela efectiva de los derechos del menor.
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